La letrada Monserrat Suárez denuncia que «teniendo razón, pero no teniendo dinero», no se puede tener amparo judicial
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La asociación de abogados ‘Ius et Fides’ ha presentado este lunes el primer recurso de amparo de inconstitucionalidad directo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Tasas Judiciales aprobada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La letrada Monserrat Suárez, candidata a decana al Colegio de Abogados de Madrid, ha sido la encargada de entregar el recurso al Alto Tribunal esta mañana. «Este es el primer recurso de inconstitucionalidad que se presenta en España contra la Ley de Tasas», ha declarado ante los medios de comunicación a la salida del Tribunal Constitucional.
Después de presentar este recurso, la letrada se ha personado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid para recurrir la disposición que fue publicada en el BOE el pasado viernes, por la cual se aprobada el formulario de autoliquidación para la tasa. «Ahora mismo, teniendo razón, pero no teniendo dinero no podemos tener amparo judicial», ha subrayado.
«Tras la publicación el viernes pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la disposición por la cual se aprueba el formulario de autoliquidación, hoy sería el primer día donde el contribuyente, donde el ciudadano español tiene que pagar esta injusta tasa para acceder a la Justicia», ha señalado Suárez.
LEY «AUTOAPLICATIVA»
El medio que ha empleado la asociación ‘Ius et Fides’, demandante en amparo para que se declare la inconstitucionalidad de dicha Ley, es el recurso de amparo directo porque entiende que es una Ley «autoaplicativa», es decir, «que desde el momento de su entrada en vigor produce un quiebro y una vulneración de los derechos fundamentales de la persona», esto es «el acceso a la tutela judicial efectiva, el acceso a poder interponer una demanda y que esta sea atendida por el órgano judicial correspondiente».
«Por ello entendemos que tenemos legitimación para poder interponer este recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad», ha indicado, al tiempo que ha precisado que, de no ser admitido este recurso de amparo directo, deja abierta la vía para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
UNA VÍA «MUY EXCEPCIONAL»
En este sentido, ha explicado que la vía por la que se ha presentado el recurso es «muy excepcional». «Podrá preguntarse la gente que sólo pueden tener legitimación el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo o 50 senadores o 50 diputados, pero hay miembros de este tribunal que entienden que cuando se trata de una ley autoaplicativa es posible que se presente el recurso de amparo de inconstitucionalidad directo. Por eso entendemos que tenemos legitimación y llegaremos hasta donde sea necesario», ha adelantado.
Según Suárez, el recurso que ha entregado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid se ha presentado porque el Gobierno, «con esta vocación recaudatoria que le caracteriza al haber aplicado esta Ley injusta, no ha llevado a cabo el trámite previo para poder aplicar ese formulario de autoliquidación y ese es el de audiencia».
La letrada ha criticado que el Ejecutivo «no ha dado traslado por un plazo de 15 días a las asociaciones y a las entidades» que tienen un interés directo con el objeto de la Ley. «Se ha, de una forma rápida, aplicado y publicado en el BOE el viernes pasado esa disposición saltándose el trámite de audiencia de 15 días a las asociaciones de consumidores, al Consejo General de la Abogacía de España y a todas aquellas que podemos tener un interés directo con el objeto de dicha Ley», ha aseverado.
«Es imposible que vetando la posibilidad de este recurso de amparo a los ciudadanos, estemos pendientes de que los partidos políticos quieran o no recurrir esta Ley de Tasas. Entendemos que los intereses jurídicos y sociales de los ciudadanos no los podemos dejar en manos de los partidos políticos», ha enfatizado.
ELECCIONES AL COLEGIO DE ABOGADOS
En relación con su candidatura a los comicios al Decanato del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que se celebran este martes 18 de diciembre, Suárez ha dicho que, aunque «es cierto que en todos los programas» del resto de los candidatos se habla de que la Ley de Tasas es inconstitucional, «ninguna de las candidaturas ha estudiado esta vía novedosa del recuro de amparo directo».
Así, ha criticado que el actual decano en funciones, Antonio Hernández-Gil, «no ha hecho absolutamente nada para intentar evitar la aplicación o la entrada en vigor». «El resto de las candidaturas no han hecho nada. Se han dedicado a decir que es inconstitucional, pero, insisto, no podemos depender ni de partidos políticos ni del Defensor del Pueblo ni del presidente del Gobierno, que defienden intereses políticos, evidentemente», ha destacado.
Por otra parte, la letrada ha defendido que su candidatura se caracteriza por la defensa del turno de oficio. «Comprender que hay 4.500 abogados en la Comunidad de Madrid, que están sujetos al turno de oficio, que no cobran ni un solo euro desde el 1 de enero de 2012 y que debemos también a nuestro actual decano en funciones, Hernández-Gil, que no ha hecho nada», ha sentenciado.
«Hemos propuesto como medida que el Colegio de Abogados de Madrid, del cual Hernández-Gil saca pecho porque tiene superávit, anticipe el crédito a los abogados de turno de oficio y posteriormente gestione su cobro con intereses a la Comunidad de Madrid», ha concretado.
UNIDAD JURÍDICA DE ESPAÑA
Suárez ha hecho hincapié en que su candidatura apuesta por la unidad jurídica de España, aunque es algo que «inquieta» a determinadas instituciones. «Cuando hablamos de defender la unidad jurídica de España entendemos no solo equiparar las normas, sino también los criterios jurídicos de todos los partidos judiciales de España», ha afirmado.
«Cuando el abogado de Madrid tiene que ejercer su profesión fuera, se encuentra muchísimos problemas sobre todo en aquellas comunidades autónomas dónde existe una lengua cooficial, que respetamos como no puede ser de otra manera, pero nos encontramos con que la disparidad de normas es tan brutal que impide la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Pero también la obligatoriedad de que las sentencias del Tribunal Supremo se cumplan en todos los partidos judiciales. Me estoy refiriendo a la Ley de Banderas y el derecho al uso de la lengua castellana», ha enfatizado.
La letrada quiere un Colegio de Abogados «libre e independiente», frente al resto de las candidaturas que «se presentan con miembros que son exministros o son socios de macrodespachos». «El Colegio de Abogados de Madrid no es un mercado sino una digna institucional», ha concluido.
