Miércoles de humillación e infamia en la historia de la abogacía madrileña. Las elecciones al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por las que debía elegirse ayer nuevo decano terminaron tarde y mal. Siete de las catorce candidaturas solicitaron la nulidad de las votaciones que daban por ganadora a Sonia Gumpert ante las sospechas de irregularidades (ocho) detectadas durante la jornada, situación que obligó a la comisión electoral a reunirse de urgencia y deliberar hasta altas horas de la madrugada bajo presencia policial. Al final, esperpento mediante, la decisión ha sido suspender los comicios y abrir un plazo de alegaciones que terminará el próximo 21 de diciembre.
La cita venía torcida desde la campaña electoral. La irrupción de la candidatura de Sonia Gumpert como potencial outsider capaz de competir por el decanato tensionó de manera extraordinaria todo el proceso, hasta el punto de generar una feroz lucha entre aspirantes y un despliegue de recursos más bien propios de unas elecciones políticas. Con este caldo de cultivo como precedente, la jornada de ayer miércoles transcurrió con relativa normalidad hasta que un episodio puntual, a partir de las ocho de la tarde, hora del cierre de las urnas, desató un conato de refriega entre distintos equipos de las candidaturas que terminó requiriendo la presencia de la Policía Nacional, inspector jefe incluido.
A partir de entonces, el show no hizo más que crecer. La sospecha que originó el conflicto atribuye a la candidatura de Gumpert el uso inapropiado de bases de datos de abogados registrados e información de las mesas electorales. De esta manera, el equipo de la candidata sabía qué potenciales letrados afines a su causa habrían acudido a votar y en función del nivel de participación iba movilizando votantes durante la jornada, poniendo a su disposición incluso servicio de taxi. Casi al cierre de las urnas, una candidatura rival reclamó la confiscación de los ordenadores con los que se había monitorizado ese seguimiento, desencadenando así el principio de una cita electoral fallida.
Los forcejeos para retener los ordenadores (considerados por los denunciantes las pruebas del fraude), entre acusaciones a voz en grito de manipulación y pucherazo, terminaron con la Policía Nacional haciendo acto de presencia. A partir de ese momento, mientras se procedía al escrutinio de los votos, el Palacio de Congresos de Madrid iba concitando la atención extraordinaria de todo el colectivo de la abogacía, tanto por las noticias que iban trascendiendo como por los primeros comentarios que se volcaban a las redes sociales. El circo estaba ya montado, independientemente de cual fuera el resultado, que en cualquier caso daba por vencedora a Gumpert con una abrumadora mayoría.
Después de que la presencia policial aplacara los ánimos, la mitad de las candidaturas, encabezadas por Antonio Hernández-Gil (actual decano), Javier Cremades, Ignacio Peláez o la Asociación Libre de la Abogacía, entre otros, terminó pidiendo la nulidad del proceso por presunto fraude electoral, lo que forzó a que la comisión electoral se reuniera de urgencia para deliberar. En medio de esa perfecta ceremonia de la confusión, las posibilidades de solución pasaban por la proclamación cautelar del vencedor, la denuncia de fraude ante una instancia judicial (como ocurrió, por ejemplo, en las elecciones del Real Madrid con el voto por correo) o la declaración de nulidad del proceso.
La decisión final llegó al borde de las seis de la madrugada, tras toda una noche de lamentos, abatimiento e indignación. La mayoría de los presentes en los pasillos del Palacio Municipal de Congresos era consciente del bochornoso espectáculo producido y el deterioro causado a la imagen del colectivo. Resulta paradójico que profesionales que velan por el cumplimiento y la defensa de la legalidad terminen enzarzándose por posibles irregularidades legales en la celebración de un acto gremial convocado para decidir su gobernanza colegial. Ahora, hasta conocerse las alegaciones, la suspensión de los comicios echa por tierra el resultado que el voto ejercido por 8.998 abogados habría decidido.
