La Comisión de Justicia rechazó de madrugada los cinco vetos planteados a la reforma legal
19/12/2012
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Senado debatirá y previsiblemente aprobará este miércoles la ley que contempla la práctica desaparición de los jueces interinos, reduce los días de permiso de los magistrados e impone labores de sustitución y refuerzo para los jueces en prácticas de la Escuela Judicial.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llega al Pleno después de que la Comisión de Justicia aprobara en la madrugada del pasado miércoles esta reforma por 15 votos a favor, 9 en contra y una abstención.
La norma recibió cinco propuestas de veto planteadas por el PSOE, el Grupo Mixto, EAJ-PNV y varios senadores de Entesa Catalana pel Progrés, además de un total de 189 enmiendas que fueron presentadas por el Grupo Mixto, el Grupo Vasco, el Grupo Parlamentario Socialista, la Entesa y CiU.
Los senadores ‘populares’ no formularon ninguna iniciativa al proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta reforma ha provocado el rechazo de los jueces titulares por la supresión del millar de jueces sustitutos y magistrados suplentes que plantea al dejar la actuación de estos juristas contratados de forma temporal para casos «excepcionales».
Otra de las novedades que incorpora el texto se refiere a la reducción de 18 a 12 los días de permiso de los que disfrutan los miembros de la Carrera Judicial. El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, se trata de una de las principales razones que han provocado las protestas de los magistrados.
De este modo, los días de asuntos propios se ven reducidos a tres días al año frente al vigente sistema de seis permisos de tres días cada uno. Se suprime la necesidad de justificar su causa ante el correspondiente superior.
Además de los tres días de asuntos particulares, los jueces podrán ausentarse tres días al mes, hasta un máximo de nueve días al año para el estudio o resolución de causas de especial complejidad, para hacer frente a la acumulación de asuntos o cuando otras circunstancias lo aconsejen. La autorización se denegará cuando coincida con señalamientos o vistas.
La reforma legal también introduce una tercera fase en el curso de selección impartido a los alumnos de la Escuela Judicial, donde al periodo teórico y de prácticas tuteladas se suma ahora un período en el que los jueces en prácticas desempeñarán funciones de sustitución y refuerzo.
El Congreso incluyó una enmienda transaccional del PP, PSOE e Izquierda Plural para que los jueces en prácticas realicen estas funciones, «preferentemente», en órganos de similares características a los que puedan luego ser destinados. Esta tercera fase culminará la formación inicial de los futuros jueces.
CINCO VETOS RECHAZADOS
La Comisión de Justicia rechazó los cinco vetos planteados a la norma, recogidos por Europa Press. En su propuesta, los socialistas avisaban de que imponer «trabajo obligatorio o forzoso» en un puesto de trabajo distinto del propio podría vulnerar principios básicos como la independencia y la inamovilidad de los miembros de la Carrera Judicial.
Desde el Grupo Vasco, advirtieron además de que el proyecto de ley acomete la «extravagancia» de utilizarlo para suprimir la paga extraordinaria de Navidad del 2012 a los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y al resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.
El Grupo Mixto mostró en su veto su oposición por la falta de negociación previa con las organizaciones sindicales, el recorte de los derechos conquistados por los trabajadores y el «desmantelamiento» del servicio público de la Justicia.
A juicio de los senadores de la Entesa, estas medidas, lejos de mejorar la eficiencia de la Justicia, suponen «un retroceso y una pérdida injustificable de los derechos laborales y sociales de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia».
«La remisión al marco jurídico que regula la Administración General del Estado, obviando las particularidades de la Administración de Justicia, no sólo incidirá negativamente en las condiciones de trabajo del personal, sino que también tendrá impacto negativo en el servicio público que se presta a los ciudadanos», añadían.
