Durante el debate a la totalidad de los proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, celebrado en el Pleno del Congreso el pasado jueves, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la necesidad de fijar límites a los plazos de instrucción, para evitar así dilaciones intolerables y procesos interminables.
Por su parte, la oposición le ha reprochado que el Ejecutivo no ha aportado los medios materiales y físicos para garantizar que las investigaciones sean eficaces.
Con todo, las siete enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural, BNG y Esquerra Republicana han sido rechazadas con los votos del PP. El resto de formación han apoyado la devolución de la norma al Ejecutivo, con la excepción de CiU, que se ha abstenido.
Son unos plazos realistas
Catalá ha defendido que los plazos fijados, de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses, no se han aplicado «caprichosamente» ya que las investigaciones duran 245 días de media. «Son realistas y no permitirán el mero y directo archivo de las actuaciones», ha dicho.
El ministro ha defendido igualmente otras medidas previstas por la nueva regulación, como la introducción de mecanismos para evitar las macrocausas, que «acortará» los tiempos porque «cada delito generará una causa y cada una sentencia». Las causas sin autor conocido saldrán de los Juzgados y quedarán en manos de las Fuerzas de Seguridad.
Además, las nuevas medidas de investigación tecnológica que se introducirán, compatibilizarán, según el ministro, los derechos de las «personas investigadas» con las medidas de los investigadores. Se amplía la interceptación de comunicaciones –que afectará a WhatsApp, SMS, escuchas ambientales– con la autorización judicial valorando principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad.
Críticas de la oposición
Por su parte, todos los partidos de oposición han criticado que el Ejecutivo no ha aportado los medios materiales y físicos para garantizar que las investigaciones sean eficaces y han dudado de la eficacia de recortar el tiempo del que disponen los jueces para instruir y han advertido que la prolongación de las causas se debe a su «complejidad». Algunos de ellos, como el PSOE, ha remarcado que obligar a terminarlas resulta una «temeridad», ha destacado el diputado Manuel de la Rocha.
Esta es también la idea de la representante del BNG Olaia Fernández Dávila, para quien la modernización de la Justicia «no puede ser a coste cero» y ha propuesto soluciones alternativas como la dedicación exclusiva de los jueces para delitos de corrupción o económicos.
Otra de las críticas generalizadas de la oposición ha sido el papel del que se dota al fiscal para el control del cumplimiento del plazo que pretende, según el ministro, impulsar el esfuerzo conjunto del Ministerio Público y el juez y alentar «la colaboración» entre ellos.
«Es una suerte de gestor que le dice al juez si se pasa o se queda», ha denunciado Llamazares mientras que Díaz ha recordado que en la causa que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia el papel de Fiscalía tiende a la «inacción».
Tampoco comparten las formaciones que han pedido la devolución de la ley al Ejecutivo el cambio del término imputado por «investigado» o «encausado», que consideran secundario e inútil.
