Continúan las reacciones a la «reflexión» lanzada recientemente por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, respecto de la posibilidad de sancionar a los medios que filtren el contenido de sumarios judiciales.
Lesmes: Mejor autorregulación que represión
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha señalado que los «excesos» en la información «deben corregirse más por la autorregulación y por un ejercicio responsable de la profesión de los periodistas que por la vía de la represión».
En un desayuno informativo con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, celebrado en Madrid, Lesmes ha señalado que en materia de filtraciones «lo absolutamente reprobable» es cuando la realiza «el servidor público, el funcionario, juez o fiscal». «Es claramente reprobable, constituye una infracción disciplinaria y, en algunos casos, puede constituir un delito de revelación de secretos», ha afirmado.
En este contexto, se ha mostrado convencido de que los medios de comunicación «cumplen con su deber informando y, por lo tanto, cuando se cumple con el deber informando no se puede cometer infracción».
Aun así, ha apuntado que «determinadas informaciones que provienen de investigaciones secretas pueden vulnerar derechos fundamentales y lesionar el derecho a la dignidad que tiene todo ciudadano, que no deja de serlo por el hecho de estar siendo investigado». «Sigue siendo ciudadano con todos sus derechos: derecho a la dignidad, a la intimidad, al honor y a la presunción de inocencia», ha añadido.
De igual modo, ha apuntado que los jueces deben comunicar a los ciudadanos lo que hacen «de la forma más transparente posible». «Somos un poder público y, por lo tanto, nuestro deber es responder a la ciudadanía a través de una política de comunicación transparente», ha dicho.
Críticas de la oposición
Por su parte, los grupos parlamentarios de la oposición han criticado este jueves en el Congreso de los Diputados la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de sancionar a los medios de comunicación que publiquen información sobre sumarios secretos y le han acusado de intentar «encubrir a los corruptos» matando al mensajero.
Durante el debate de la totalidad de los proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el ponente del PSOE, Manuel de la Rocha, ha criticado el intento «consciente o inconsciente» del Ejecutivo –evidenciado con las declaraciones del titular de Justicia– de limitar el derecho a la libertad de expresión para tapar «algunos de los problemas de corrupción» que tiene su partido.
Por su parte, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha recordado que el PP es el partido «con mayor número de imputados por corrupción» por lo que resulta inquietante que plantee «recortes a la libertad de expresión con multas a los medios».
La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, se ha preguntado si el Gobierno prefiere dedicar recursos a sancionar a los medios en lugar de a perseguir casos de corrupción. Ha precisado que su grupo ha registrado tres preguntas parlamentarias destinadas a aclarar las intenciones del Ejecutivo en este punto.
La «reflexión» del ministro también ha sido objeto de las críticas del representante de Izquierda Plural, el diputado de IU Gaspar Llamazares, que ha advertido que «las derrotas no cambian por matar al mensajero», por «mucha mordaza a los ciudadanos y al mensajero».
«Sólo era una reflexión»
Tras el acto de Barcelona en el que lanzó la cuestión, el ministro ha querido aclarar hasta tres ocasiones que no apuesta por penalizar la publicación de datos de procedimientos y que sus palabras fueron una «reflexión» sobre el secreto de sumario.
En defensa del ministro, el diputado del PP Agustín Conde ha precisado en su intervención que la idea lanzada por el titular de Justicia está de «plena actualidad en Europa» donde el Parlamento Europeo debate.
