Respecto a la conocida como Ley Trans, como jurista que soy, y abogado penalista en ejercicio, no puedo por menos que mostrarme crítico, siempre lo soy frente a cambios legislativos «hechos a la carrera» y en mi opinión, buscando la imposición de ideas, y por supuesto, como no, réditos electoralistas al sin lugar a dudas beneficiar a ciertos colectivos buscando su voto, y a los que por supuesto no les niego sus derechos, pero no olvidemos que resultan colectivos muy minoritarios en comparación con el resto de la sociedad y de otros colectivos concretos a los que claramente perjudican, y esto para mi, sin duda es debido a la prisa, y por tanto a la falta de sosiego del legislador a la hora de analizar todas y cada una de las variables, y a la hora de buscar el necesario equilibrio entre los derechos de uno y otros.
La «Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI«, también conocida como «Ley Trans» aprobada en España en marzo de 2023 ha generado un gran debate y ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. Esta ley pretende reconocer y proteger los derechos de las personas trans, sin embargo, su contenido ha sido cuestionado por su falta de claridad y coherencia con los principios fundamentales del derecho y los derechos Rspehumanos.
Uno de los principales problemas que los juristas y abogados penalistas o de otras ramas del derecho, ya estemos en ejercicio o no, le vemos a la Ley Trans, es su falta de definiciones claras y precisas. La ley se basa en la autodeterminación de género, es decir, que una persona puede cambiar su género simplemente mediante la expresión de su voluntad, sin necesidad de presentar ninguna evidencia médica o psicológica. Esto puede generar confusión y arbitrariedad, y podría dar lugar a situaciones en las que se reconozca legalmente un cambio de género que no tenga una base sólida en la identidad de la persona.
Además, esta falta de requisitos médicos o psicológicos podría generar un aumento de la demanda de tratamientos hormonales y cirugías, que podrían tener efectos perjudiciales para la salud de las personas trans y su calidad de vida.
Otra crítica de la Ley Trans es que podría tener efectos negativos en la protección de los derechos de las mujeres. La ley permite que las personas cambien su género sin necesidad de cumplir con requisitos médicos o psicológicos, lo que significa que una persona nacida hombre podría cambiar legalmente su género a mujer y tener acceso a espacios que tradicionalmente han sido exclusivos para las mujeres, como los baños o las habitaciones de hospital. Esto podría dar lugar a situaciones en las que las mujeres se sientan incómodas o vulnerables.
Además, la Ley Trans ha sido criticada por su falta de coherencia con los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. La ley contempla la posibilidad de sanciones penales para aquellos que expresen opiniones que sean consideradas «transfóbicas», lo que podría dar lugar a la limitación de la libertad de expresión y el derecho a la crítica.
Otro problema de la Ley Trans es su falta de protección para las personas intersexuales, que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres. Estas personas no están incluidas en la ley, lo que podría generar situaciones de discriminación y exclusión.
En resumen, la Ley Trans aprobada en España ha sido objeto de críticas por su falta de claridad, coherencia y protección para todas las personas, especialmente para las mujeres y las personas intersexuales. Es importante que se siga debatiendo y evaluando la ley para garantizar que se protejan los derechos de todas las personas sin perjudicar a ningún grupo en particular, y se realicen las reformas necesarias para evitar cualquier posible abuso o discriminación.
