La inteligencia artificial como factor de transformación de la delincuencia tecnológica

La delincuencia tecnológica no es un fenómeno nuevo, pero la incorporación de sistemas de IA ha supuesto un salto cualitativo en su alcance y eficacia.   A diferencia de los métodos tradicionales, la IA permite automatizar conductas delictivas, reducir la intervención humana directa y multiplicar exponencialmente el número de víctimas potenciales.   

Algoritmos de aprendizaje automático pueden emplearse para diseñar ataques de phishing altamente personalizados, analizar patrones de comportamiento de los usuarios o identificar vulnerabilidades en sistemas informáticos con mayor precisión que las técnicas manuales.   

Uno de los ejemplos más relevantes es el uso de deepfakes, que permiten la creación de contenidos audiovisuales falsos con un alto grado de realismo.   

Estas herramientas facilitan delitos como la suplantación de identidad, la estafa, la extorsión, la difamación o incluso la manipulación de pruebas digitales. Asimismo, los sistemas de generación automática de texto e imágenes pueden utilizarse para crear documentación falsa, perfiles ficticios o campañas masivas de desinformación, dificultando la detección del ilícito y la atribución de responsabilidades.  

Nuevos retos para el Derecho penal en el ámbito tecnológico

El impacto de la IA en la comisión de delitos tecnológicos obliga a replantear categorías clásicas del Derecho penal.   

En primer lugar, la determinación de la autoría y la participación se vuelve especialmente compleja cuando intervienen sistemas automatizados o semiautónomos.   

La IA carece de personalidad jurídica y de capacidad de culpabilidad, por lo que la imputación penal debe recaer necesariamente en personas físicas o jurídicas.   

No obstante, identificar al responsable puede resultar difícil cuando el daño es consecuencia de una cadena de decisiones técnicas que involucra a desarrolladores, proveedores, usuarios y organizaciones.   

En segundo lugar, la prueba penal adquiere una dimensión técnica notable. La evidencia digital generada o manipulada mediante IA puede ser volátil, fácilmente alterable y difícil de interpretar sin conocimientos especializados.   

La denominada “opacidad algorítmica” plantea interrogantes sobre la fiabilidad de determinados sistemas y sobre el derecho de las partes a comprender y controvertir los medios probatorios utilizados en el proceso penal.  

El papel del abogado penalista ante los delitos tecnológicos con IA

En este escenario, el abogado penalista desempeña un papel central como garante de los derechos fundamentales y como intérprete entre el mundo jurídico y el tecnológico. 

Su función no se limita a la defensa o acusación en sede judicial, sino que se extiende a fases previas de asesoramiento y prevención.   

Desde la perspectiva de la defensa, el abogado penalista debe ser capaz de analizar críticamente la imputación penal cuando el delito se ha cometido mediante herramientas de IA.   

Esto implica cuestionar la existencia del elemento subjetivo del tipo, examinar el grado de control efectivo del acusado sobre el sistema tecnológico y valorar posibles causas de exclusión o atenuación de la responsabilidad penal, como el error, la imprudencia o la ausencia de previsibilidad del resultado lesivo.   

En el ámbito probatorio, el abogado penalista debe evaluar la licitud, autenticidad e integridad de la prueba digital.

Ello incluye el análisis de informes periciales informáticos, la impugnación de evidencias obtenidas mediante sistemas automatizados y la defensa del derecho a un proceso con todas las garantías, especialmente cuando se utilizan algoritmos o herramientas de IA en la investigación penal. 

Función preventiva y asesoramiento estratégico

El abogado penalista también desempeña una función preventiva de creciente relevancia. 

En el ámbito empresarial y corporativo, su asesoramiento resulta esencial para identificar los riesgos penales asociados al uso de sistemas de IA y para diseñar programas de cumplimiento normativo (“compliance”) adaptados a la realidad tecnológica.   

La implementación de protocolos de supervisión humana, auditorías algorítmicas y mecanismos de control interno puede reducir significativamente la probabilidad de que la IA sea utilizada como instrumento delictivo y, en su caso, mitigar la responsabilidad penal de la persona jurídica.   

Asimismo, el abogado penalista actúa como interlocutor entre la empresa, los desarrolladores tecnológicos y las autoridades, contribuyendo a una cultura de legalidad y uso responsable de la inteligencia artificial.